Hubo un tiempo en que la compra de una casa formaba parte del pacto social en España. Bastaba un trabajo estable y capacidad de ahorro para asegurar un techo y proyectar un futuro. Hoy, ese pacto se ha roto. La vivienda ha dejado de ser la garantía de bienestar de la clase trabajadora para convertirse en una trinchera de desigualdad: un mecanismo de extracción de riqueza que transfiere rentas del trabajo joven hacia el capital inmobiliario acumulado por las generaciones anteriores.
Para entender el colapso actual no basta con mirar la oferta y la demanda; hay que acudir al origen del problema. Durante décadas se promovió la "sociedad de propietarios" como sustituto del Estado del bienestar. Se incentivó la vivienda como la principal vía de ahorro e inversión familiar. Pero ese modelo albergaba un vicio estructural: para que el patrimonio de unos creciera, era imprescindible que el precio del suelo subiera muy por encima de los salarios.
La financiación del sector terminó de consolidar el problema. Las casas de nuestras metrópolis dejaron de responder a la capacidad adquisitiva local para cotizar según las expectativas del mercado global.
Las cifras en España retratan hoy una realidad asfixiante:
En las zonas tensionadas, los inquilinos destinan más del 50% de su sueldo a pagar el alquiler.
Para un menor de 30 años con salario medio, emanciparse en solitario exige destinar casi la totalidad de sus ingresos netos.
La tasa de emancipación juvenil ha caído al 14,5%, arrastrando la edad media de independencia hasta rozar los 30 años.
Nos encontramos ante un auténtico feudalismo patrimonial. La capacidad de prosperar o de tener una vida estable en España ya no depende del nivel educativo ni de las horas trabajadas, sino de la clase social de los padres y de la capacidad de recibir una herencia o una "hipoteca familiar". Un sistema donde el esfuerzo laboral no permite capitalizar ni ahorrar está profundamente viciado.
Esta espiral no solo es éticamente insostenible; es destructiva para la macroeconomía. Cada euro absorbido por un alquiler desproporcionado es un euro que se resta al consumo, a la innovación y al emprendimiento. Además, el retraso forzado en la formación de hogares ha llevado a España a mínimos históricos de natalidad, amenazando la viabilidad futura del sistema público de pensiones.
Con un parque de vivienda social que apenas ronda el 2% —frente a la media europea del 9%—, dejar la solución en manos de la autorregulación del mercado no es una opción. Frenar esta sangría exige ampliar drásticamente la vivienda pública protegida, perseguir el uso especulativo del suelo urbano y regular los alquileres en zonas desbordadas. No se trata de ir contra los propietarios del pasado, sino de devolverle el futuro a las generaciones del presente.
jmgs
Economista y
Analista Economico
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